Generalmente, cuando no se cumple con lo fijado en una Sentencia Judicial, procede la ejecución de la misma por medio de demanda con abogado y procurador para asegurar dicho cumplimiento. Sin embargo, en ciertos casos de reclamación de una pensión de alimentos impagada el progenitor obligado a ello puede ejercitar su oposición a la demanda de reclamación de pensión de alimentos

¿En que casos puede existir oposición a una reclamación de una pensión de alimentos impagada?

Primero. – Abono o pago de la cantidad reclamada:

Como puede resultar lógico, si a un progenitor le están reclamando una cantidad que efectivamente ya ha sido abonada con anterioridad a la interposición de la reclamación, puede oponerse alegando el pago de la misma, aportando documentación acreditativa.

Eso mismo podrá ser aplicable en el caso de que la cantidad reclamada se abone con posterioridad a recibir la demanda ejecutiva.

Segundo. – Pluspetición:

Dicho con otras palabras, que se reclame más cantidad de la que realmente se debe o que se hayan incluido conceptos que no debieron de incluirse (ciertos gastos extraordinarios). En ese caso, se deberá de acreditar documentalmente el pago de la cantidad reclamada en exceso o la improcedencia de ciertos conceptos ejecutados

Tercero. – Caducidad de la acción para reclamar la pensión:

Es importante conocer que únicamente se pueden reclamar cantidades relativas a la pensión de alimentos (cantidad de la pensión, gastos extraordinarios, actualización de la pensión conforme a IPC) hasta 5 años para atrás.

Cantidades que pertenezcan a periodos superiores no podrán ser objeto de ejecución.

Cuarto. –  Acuerdos o pactos entre los progenitores:

En ocasiones se dan situaciones que, en la práctica, ambos padres voluntariamente no lleven a cabo lo reflejado en convenio regulador o sentencia judicial, como las siguientes:

-Que, pese a que uno de los progenitores tenga atribuida la guarda y custodia del menor, en la práctica, acuerden que éste pase con los dos el mismo tiempo como si se tratara de una custodia compartida.

-Que por mejora de fortuna del progenitor que recibe la pensión de alimentos, se exima voluntariamente al otro de la obligación de abonar la misma.

-Que, en la práctica, por acuerdo entre las partes, el menor haya pasado de convivir con el progenitor que tenía atribuida la guarda y custodia del mismo, a convivir con el progenitor obligado al pago de la pensión.

En estos casos y en otros más, las partes tienden en la práctica a variar lo fijado en la Sentencia judicial por medio de un acuerdo entre los mismos, de manera que puede dar lugar a que no proceda la reclamación de dicha pensión por medio de ejecución.

Sin embargo, existe un requisito imprescindible para que ello sea así: que dicho acuerdo, pacto o transacción sea recogido por medio de documento notarial o escritura pública.

Es decir, pese a libertad de pacto entre las partes, no es suficiente un acuerdo verbal o un documento privado firmado, sino que es necesario e imprescindible la intervención de Notario. En caso contrario, la ejecución de dicha pensión de alimentos por parte del progenitor que debe recibirla puede llevarse a cabo, si así lo deseara.

Excepciones al acuerdo por documento público

No obstante, la jurisprudencia por parte de Juzgados y Tribunales, de tiempo a esta parte viene admitiendo en ocasiones otras formas de acreditar dichas situaciones a pesar de que el acuerdo no se haya recogido notarialmente. Una de ellas es la exploración (declaración) del hijo menor cuando esté tenga 14 años o más, para que acredite personalmente el cambio de situación.

Con ello se pretende evitar el enriquecimiento injusto que puede suponer que el progenitor que debe recibir la pensión reclame su incumplimiento o impago a pesar de que en la práctica ha habido un cambio a la hora de ejercitar esa guarda y custodia.

Dicho lo anterior, se aconseja con carácter primordial que ante un cambio por los progenitores en el ejercicio la guarda y custodia o ante una modificación de las circunstancias, se proceda por el progenitor obligado al pago a fijar dicha variación judicialmente mediante la correspondiente interposición de demanda de modificación de medidas, a fin de evitar posteriores ejecuciones.