El Tribunal Supremo exige, para que pueda adoptarse un régimen de custodia compartida sobre los hijos menores de edad, una mínima situación de respeto entre ambos padres que haga posible la custodia compartida.

No se exige un acuerdo sin fisuras, entre los padres, sino que basta una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo de los menores, así como unas habilidades para el diálogo para buscar el beneficio del menor.

LOS CONFLICTOS TRAS EL DIVORCIO Y LA CUSTODIA COMPARTIDA

Es frecuente que, tras un divorcio o separación, se den situaciones de conflicto entre los padres. De hecho es normal porque, de no existir ese conflicto, posiblemente, no se hubiese producido la ruptura sentimental.

Muchas veces estos conflictos son planteados en un proceso judicial como impedimentos para que pueda adoptarse una custodia compartida.

Sin embargo, no cualquier conflicto es válido para que, por sí solo, sea motivo de no adoptar una custodia compartida, sino que debe ser un conflicto realmente grave, que afecte realmente al día a día con los hijos menores de edad.

De esta forma, incluso, el Tribunal Supremo, en diversas sentencias ( STS 22-12-2016) ha considerado que no se puede negar la custodia compartida cuando es una de las partes la que busca, de manera sistemática, el conflicto con la otra.

Se señala que no es necesario que las relaciones sean idílicas, sino que basta con que  no sean obstaculizadoras del ejercicio de la custodia compartida y no busquen el perjuicio del menor.

RELACIÓN IDÍLICA NO. MÍNIMO RESPETO SÍ.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 26 de mayo de 2016, confirmó que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

Esta exigencia viene dada por la propia Ley Orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia,  que exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno libre de violencia  y que en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

De esta forma, y conforme al Artículo 97.2 Código Civil, no procederá la guarda y custodia conjunta cuando cualquiera de los padres está incurso en un proceso penal incoado por atentar contra la vida física, la libertad, la integridad moral o la libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos o cuando se aprecien indicios fundados de violencia doméstica.

Y, por otro lado, si hay una actitud irrespetuosa de abuso y dominación, por una de las partes, es impensable que pueda llevarse a buen puerto un sistema de custodia compartida , por lo que la misma debe ser denegada.