Ya está el IRPH en Europa. ¿ Y ahora qué sucede?

La semana pasada hemos conocido que ya dos Juzgados y Tribunales españoles, en concreto el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona y la Audiencia Provincial de Mallorca, han decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie si la famosa sentencia del Tribunal Supremo del IRPH respeta o no la normativa comunitaria en materia de protección al consumidor.

POLÉMICA Y FRÁGIL SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE IRPH

Ya os indicamos en artículos anteriores que la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Diciembre de 2017, por la que, por primera vez se ha pronunciado sobre la nulidad del índice IRPH, negando que el mismo pueda ser valorado por los Jueces al venir establecido en una norma legal, ha creado mucha polémica entre abogados, jueces y juristas en general ya que el propio Tribunal Supremo parece ir en contra de sus propios criterios, aplicados en otras cláusulas bancarias como la cláusula suelo, los gastos de hipoteca o las hipotecas multidivisa.

De hecho, ni siquiera los propios Magistrados del Tribunal Supremo están de acuerdo, porque hay dos de ellos que emitieron un voto discrepante con la sentencia, al considerar que era perfectamente posible que los Jueces analizasen si, a la firma del IRPH, se le dio al cliente toda la información necesaria para saber lo que estaba firmando y que, el hecho que el IRPH venga regulado en una norma legal, no es impedimento para exigir un plus de información a las entidades bancarias.

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Ya dijimos en su día que, la fragilidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH, iba a conllevar, ineludiblemente, a que se plantease una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las serias dudas que hay que esta sentencia respete la normativa europea y en concreto la Directiva 93/13 en materia de protección de consumidores.

Pues bien, ya son dos los Juzgados o Tribunales que, apenas un mes después de la sentencia del Tribunal Supremo, han planteado esta cuestión prejudicial.

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¿ QUÉ ES Y QUÉ SUPONE EL PLANTEAR UNA CUESION PREJUDICIAL AL TRIBUNAL EUROPEO?

El procedimiento de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) por un Juez nacional constituye, posiblemente, el elemento más importante del sistema de control jurisdiccional en el derecho comunitario.

La cuestión prejudicial permite al TJUE asegurarse que, todos los Jueces de todos los países de la Unión Europea, interpretan, de la misma manera, el derecho comunitario

De esta manera se da un procedimiento cooperación judicial entre el órgano jurisdiccional nacional y el TJUE mediante el cual, el Juez Nacional ( en este caso el español), pregunta al TJUE como debe interpretar o aplicar una norma comunitaria en un caso en concreto.

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Así se evita una aplicación o interpretación distinta del derecho comunitario en distintos países

El planteamiento de esta cuestión prejudicial al TJUE supone, en la práctica, la suspensión del proceso judicial en España, hasta que el TJUE se pronuncie y aclare al Juez como debe interpretar la norma comunitaria.

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¿ CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE LA CUESTION PREJUDICIAL AL TJUE?

La cuestión prejudicial solo la pueden plantear los Jueces y Tribunales, aunque pueden hacerlo de oficio o bien a instancias de cualquiera de las partes del proceso judicial. De hecho nuestros abogados han instado a la Audiencias Provinciales de Madrid y de Zaragoza que se planteen cuestión prejudicial sobre el IRPH en dos procedimientos sobre este asunto. 

Una vez el Juez o Tribunal decide plantear la cuestión prejudicial, suspende el proceso judicial y envía la misma al TJUE

Cuando se recibe, la cuestión prejudicial se traduce a todas las lenguas comunitarias, y el Secretario la notifica a las partes litigantes en el procedimiento original, a los Estados miembros, a la Comisión y, en su caso, al Parlamento o al Consejo Europeo. También se ubica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se designa un Juez Ponente y a un Abogado General, teniendo las partes, los Estados miembros y las Instituciones comunitarias de dos meses y diez días para presentar ante el TJUE sus observaciones por escrito.

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Una vez concluida la fase escrita, se pasa a una fase probatoria, si es necesario, y se acaba con la posibilidad de celebrar una vista pública si es necesario, aspecto este que no es habitual.

El Abogado General presenta sus conclusiones ante el TJUE donde analiza los aspectos jurídicos del litigio, y propone al TJUE la solución que a su juicio debe darse al problema. Posteriormente, los Jueces deliberan y dictan la sentencia

El tiempo medio de tramitación de una cuestión prejudicial es de unos dos años.

La sentencia dictada vincula al Juez o Tribunal que planteó la cuestión prejudicial, aunque esta también puede ser aplicada en otros temas similares o idénticos.

De esta forma, se crea un antecedente para la interpretación y aplicación del derecho comunitario.

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CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS POR EL IRPH

En concreto, las cuestiones prejudiciales que se han planteado al TSJUE sobre el IRPH ha sido las siguientes:

a) Si el índice IRPH debe ser objeto de tutela por un Juez, a pesar que esté regulado por una norma legal, ya que no se trata de una disposición obligatoria  y si para la comprensión de este IRPH deben proporcionarse, al consumidor, todos aquellos datos necesarios para la correcta formación del consentimiento, tales como; i) explicar cómo se configuraba el tipo de referencia, cómo había evolucionado y cómo podría evolucionar en el futuro, en concreto informar sobre que este índice incluye las comisiones y demás gastos, que se trata de una media simple no ponderada sin ningún mecanismo de corrección de las desviaciones que se observen y que es opaco, en comparación con el otro habitual, el Euribor; (ii) poner en relación el tipo de referencia elegido con otros tipos legalmente previstos; y (iii) ofrecer al prestatario la posibilidad de elección entre los diversos tipos existentes en el mercado.

b) Si la consecuencia, en caso de ser declarado abusivo y nulo por no superar el control de comprensión necesario y a favor del consumidor, sería o bien la integración del contrato, o bien, una vez declarada la nulidad, que se quede sin efecto el interés, con la única obligación de devolver el capital prestado por parte del prestatario o deudor.

En dos años sabremos la respuesta del TJUE aunque los antecedentes son muy alentadores y esperamos una sentencia que permita a los Jueces anular el IRPH, si este no fue lo suficientemente explicado a los clientes.

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Publicado por |2018-02-13T00:00:00+00:00febrero 13th, 2018|Hipotecas-Bancos|0 Comments

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